Ámbito, Estructura y Funcionamiento Jurisdiccional en Argentina

Ámbito, Estructura y Funcionamiento Jurisdiccional en Argentina

ORGANIZACIÓN JUDICIAL.

Organización y administración del Poder Judicial Nacional y Provincial.

Nuestra Constitución creó un doble orden judicial. Existen en el país, por un lado una Justicia Nacional que ejerce sus atribuciones en todo el territorio de la república, con respecto a los asuntos mencionados en el art. 116 de la CN (competencia federal), y sin esa limitación en los lugares sometidos a la potestad del gobierno nacional; y por el otro lado, una Justicia ordinaria y común que ejerce sus funciones a través de los órganos judiciales que cada provincia debe crear y organizar con prescindencia del gobierno central (art. 5, 121, 123 de la CN) y cuya competencia abarca el conocimiento de todos los puntos regidos por el derecho común y local, con las limitaciones establecidas en el art. 75 inc. 12 de la Carta Magna Nacional (naturalización, nacionalidad, bancarrotas, falsificación de moneda corriente y documentos públicos del Estado y las materias que requieran el establecimiento del juicio por jurados).

Organización territorial, fueros e instancias.
El art. 160 de la Constitución Provincial establece que el Poder Judicial será desempeñado por una Suprema Corte de Justicia, Cámaras de Apelación, Jueces y demás Tribunales que la ley establezca.

Ley 5827 de la Provincia:
Art. 1: La administración de justicia será ejercida por:
• Suprema Corte de Justicia: 9 miembros y un procurador general.
• Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial.
• Cámaras de Apelación en lo Criminal y Correccional.
• Tribunales de Trabajo.
• Tribunales de Familia.
• Tribunales de Menores.
• Jueces de Paz.
• Juzgado Notarial.
• Etc.
Art. 4 y 5: Los tribunales mencionados ejercerán su jurisdicción en todo el territorio de la provincia con la competencia que les atribuyen la Constitución Provincial, la ley Orgánica citada y demás leyes especiales. Para tal efecto (competencia territorial y asiento de los tribunales) se divide a la Provincia en 18 Departamentos Judiciales.
Jurisdicción y competencia.
Jurisdicción: todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos son competentes para juzgar determinados asuntos.
Competencia: Capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso.
La competencia puede clasificarse sobre la base de 3 criterios fundamentales:
1. Funcional: toma en cuenta las funciones que deben cumplir los jueces que intervienen en las distintas instancias de un mismo proceso, entendiendo por instancia las distintas etapas. Existe una primera división de la competencia en ordinaria y federal.
2. Territorial: se vincula con la circunscripción territorial asignada por la ley a la actividad de cada órgano jurisdiccional. La atribución de competencia territorial contempla fundamentalmente la proximidad del órgano judicial con el lugar en que se halla ubicado alguno de los elementos de la pretensión o petición (puede fundarse en el lugar del domicilio del demandado, en el lugar del cumplimiento de la obligación, en el lugar de celebración del contrato, etc.).
3. Objetivo: atienden a la naturaleza y al monto de la causa, y a él corresponden respectivamente la competencia por razón de materia y valor. La competencia ordinaria en la Provincia de Bs. As. se halla dividida en distintas ramas o fueros: Civil y Comercial, Criminal y Correccional, Menores, Familia, etc. En razón del valor, atendiendo a la cuantía del litigio, entenderá por ejemplo un juzgado en lo civil y comercial o un juzgado de paz letrado.
Entonces primero se determina si la competencia es federal u ordinaria, luego en que circunscripción territorial se radica y por último la competencia por razón de materia y valor.
• Juzgados de paz letrados.
Ley 5.827, Art. 58 funcionará en cada partido de la Provincia un Juzgado de Paz Letrado con excepción de aquellos en los cuales esté instalada la sede de cada Departamento judicial o en los que funcionen Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. Los juzgados tendrán asiento en la ciudad cabecera de cada partido. La instalación de juzgados de primera instancia en lo Civil y Comercial fuera de la cabecera del Departamento Judicial, sólo podrá hacerse con la supresión del respectivo Juzgado de Paz Letrado.
Para ser juez de paz se requiere: ciudadanía argentina, título de abogado válido en la provincia y acreditar condiciones morales e intelectuales. Los jueces de paz tienen las mismas atribuciones y deberes que los jueces de 1° instancia.
• Juzgados de primera instancia.
Para ser juez de 1º instancia se requiere: 3 años de práctica en el ejercicio profesional, 25 años de edad y 6 años de ciudadanía.
Ley 5.827, Art. 66: Corresponde a los jueces de primera instancia:
1. Conceder licencia a los Secretarios y personal de los Juzgados a su cargo, cualquiera fuera su causa, siempre que el término de la misma no exceda de 5 días. Si excediera de ese término, deberá elevarla a resolución de la Suprema Corte.
2. Aplicar sanciones disciplinarias por faltas reiteradas, retardos o negligencias en el cumplimiento de sus funciones. Dichas sanciones serán: prevención, apercibimiento, suspensión hasta 5 días; si la suspensión fuera por un plazo mayor, o en caso de cesantía, deberá elevarla a la Suprema Corte.
3. Concurrir diariamente a su despacho, y cuando no pudieren hacerlo lo comunicarán por nota a su reemplazante legal.
4. No podrán faltar a sus tareas por más de 2 días hábiles consecutivos sin la correspondiente licencia, que deberán solicitar a la Suprema Corte.
Juzgados en lo civil y comercial: Tienen su jurisdicción en toda la materia civil y comercial de orden voluntario o contradictorio, a excepción de la que le corresponde a los Tribunales de Familia, de Menores y Juzgados de Paz.
Según el Art. 1 del CPCCPBA la competencia es improrrogable, excepto la competencia territorial en asuntos exclusivamente patrimoniales.
Existen los llamados Juzgados descentralizados, entendiendo por tales los que funcionan fuera de la sede asiento del Departamento (Ej.: Olavarría  Departamento de Azul).
En La Plata hay 24 juzgados de 1° instancia en lo civil y comercial.
Juzgados en lo criminal y correccional: Entenderán en causas en lo criminal y correccional en que se juzguen delitos cometidos en el territorio de la Provincia, con excepción de la competencia de los Tribunales de Menores. En La Plata existen 8.
Juzgado notarial: Ejerce su jurisdicción en todo el territorio de la Provincia. Entiende en cuestiones relativas al ejercicio de la función de notario, a las que afecten la dignidad o prestigio de la misma, etc.
Tribunal de menores: Se trata de tribunales unipersonales y su competencia lo es por razón de persona, por girar en torno de la de los menores. Es competente: para entender en causas en que aparezcan como autores o partícipes de un delito, falta o contravención, menores de 18 años de edad; para intervenir en cualquier otro caso en que un menor necesite protección, por estar comprometida su salud, moralidad o educación; a pedido de los padres, tutores o curadores ante actos de inconducta de los menores de edad; en causas referentes al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad de los menores amparados por el juzgado, etc. En La Plata hay 3 Tribunales de Menores.
• Tribunales colegiados de instancia única.
Caracterizados por una composición colegiada de sus miembros, en los que se desarrolla un proceso predominantemente oral, no siendo susceptibles de revisión por la Cámara de Apelaciones las resoluciones que dicten, sino sólo impugnables mediante los recursos extraordinarios ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
Tribunales de trabajo.
Art. 2, Ley 11.653: Los tribunales del trabajo conocerán:
a) Controversias individuales del trabajo que tengan lugar entre empleadores y trabajadores, en única instancia y juicio oral y público.
b) En las acciones de las asociaciones sindicales con personalidad gremial, por cobro de aportes, contribuciones y demás beneficios.
c) En las demandas de desalojo por restitución de inmuebles o parte de éstos concedidos a los trabajadores en virtud o como accesorio de los contratos de trabajo.
d) En las demandas de tercerías en los juicios de competencia de la justicia laboral.
e) En grado de apelación de las resoluciones definitivas dictadas por la asociación sindical, que denieguen la solicitud de afiliación de los trabajadores o dispongan su expulsión.
f) En grado de apelación de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas provinciales del trabajo cuando las leyes pertinentes lo establezcan.
g) En la ejecución de las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa del trabajo cuando las leyes así lo dispongan.
Tribunales del fuero de familia: El CPCCPBA indica el proceso a seguir en el fuero de familia, creando al efecto Tribunales Colegiados de Instancia única, con la particularidad de crear una etapa informal tendiente a la conciliación de las partes en juicio que se desarrolla ante un funcionario judicial denominado Consejero de Familia.
El Art. 827 del CPCCPBA enumera las materias en las que entenderá el tribunal: separación y divorcio; inexistencia y nulidad de matrimonio; tenencia y régimen de visitas; alimentos; adopción; patria potestad; tutorías; etc.
• Cámaras de apelación.
En los tribunales estructurados en doble instancia, se dan jueces de Primera Instancia con competencia originaria y Cámaras de Apelación con competencia de impugnación.
En la ciudad de La Plata existen 2 Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial y 1 en lo Criminal y Correccional. Éstas a su vez, se dividen en salas integradas por dos jueces en lo Civil y Comercial y tres en lo Criminal y Correccional.
Resultan ser Tribunal de Alzada de las resoluciones que dicten los respectivos Juzgados de Primera Instancia. Además, las Cámaras Civil y Comercial, entienden respecto a los recursos planteados contra las resoluciones que dicten los Jueces de Paz Letrados; y las Cámaras en lo Criminal y Correccional respecto a los recursos contra resoluciones de los Jueces de Faltas.
• Ministerio público (ley 12.061).
Los funcionarios que integran el Ministerio Público, tienen como misión esencial la defensa de los intereses vinculados al orden público y social. Es un órgano “extrapoder” porque no se subordina al Poder Judicial ni al Poder Ejecutivo.
Según el Art. 189 de la Constitución Provincial, será desempeñado por el Procurador y Subprocurador General de la Suprema Corte de Justicia, por los Fiscales de Cámara, Agentes Fiscales, Asesores de Menores y Defensores de Pobres y Ausentes.
El Procurador General es el jefe del Ministerio. Entre sus funciones se puede citar la de dictaminar en demandas y recursos de inconstitucionalidad; decidir sobre la procedencia del sobreseimiento cuando el Fiscal no encuentre mérito para acusar; controla el cumplimiento de los plazos para la terminación de las causas judiciales; deduce acción de oficio o a pedido de parte contra cualquier juez incompetente.
El Ministerio Público se divide en tres ramas:
a) Agentes Fiscales o Fiscales de Primera Instancia: existe en el proceso civil donde primordialmente se discuten intereses privados, su papel se limita a intervenir en ciertos casos en que la ley considera necesario escuchar su opinión (Ej.: aspectos del juicio sucesorio, divorcio, conflictos de competencia, etc.).
b) Asesores de Menores e Incapaces: integran el llamado Ministerio Público Pupilar, interviniendo en defensa de los intereses y derechos de aquellos.
c) Defensores de Pobres y Ausentes: ejercen funciones que comprenden la defensa, representación y asesoramiento gratuito de personas que carezcan de recursos, cuando éstas tengan que actuar en juicio, exigiéndoles al respecto el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos (Carta de Pobreza en materia Laboral).
• Suprema Corte de Justicia.
Composición: Se compone de 9 miembros y un Procurador General. Son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, otorgado en sesión publica por mayoría absoluta de votos de sus miembros. En cambio, los jueces de otras instancias y demás funcionarios serán elegidos por el Poder Ejecutivo de una terna propuesta por el Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado otorgado en sesión pública.
La presidencia de la Corte se ejerce por 1 año, en forma rotativa, comenzando por el magistrado de mayor edad. Las sentencias se pronuncian por un número de votos que representen la mayoría.
Competencia: En razón del territorio tienen competencia en toda la Provincia. En razón de la materia, originariamente entienden en las demandas de inconstitucionalidad relacionada con leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyen sobre la materia regida por la Constitución Provincial; causas de competencia entre los Poderes Públicos de la Provincia. Por razón de grado, es competente para entender en los recursos extraordinarios contra las sentencias de ultima instancia; los mismos son: Recurso de Inconstitucionalidad, R. de Inaplicabilidad de la Ley, R. Extraordinario de Nulidad. En general, nombra y remueve directamente los secretarios y empleados de la corte, y a propuesta de los jueces de primera instancia, funcionarios del ministerio público y jueces de paz, al personal de sus respectivas dependencias; dispone de la fuerza pública para el cumplimiento de sus decisiones; confecciona su reglamento; representa al Poder Judicial; llama a cualquier magistrado a fin de prevenirlo por faltas u omisiones en el desempeño de sus funciones; etc.
Organización administrativa. Organismos que no imparten justicia:
• Secretarías.
Dependen directamente de la Suprema Corte de Justicia seis Secretarías:
1. Secretaría General: entiende en las cuestiones relacionadas con el gobierno y administración del Poder Judicial y en la tramitación del enjuiciamiento de magistrados y funcionarios. Tiene a su cargo 3 subsecretarías:
a) Subsecretaría de Gobierno: integrada por:
• DAOS (Dirección Gral. de Arquitectura, Obras y Servicios).
• Dirección. Gral. de Asesorías Periciales.
• Dirección. Gral. de Receptorías de Expedientes.
• Oficina de Archivos.
• Oficina de Mandamientos y Notificaciones.
• Oficina de Registro Público de Comercio.
b) Subsecretaría de Personal.
c) Subsecretaría de Administración.
2. Secretaría de Demandas Originarias: interviene en causas contencioso – administrativas, en acciones de inconstitucionalidad, y en causas en que se discuta la competencia originaria de la Corte.
3. Secretaría Laboral: entiende en los asuntos relativos a la materia a partir del momento de la remisión de la causa por parte de la Secretaría de Actuación Judicial.
4. Secretaría Civil y Comercial: entiende en la mencionada materia, luego de su remisión por parte de la Secretaría de Actuación Judicial.
5. Secretaría Penal: entiende en los asuntos referidos a la materia penal desde el momento de la remisión de la causa por parte de la Secretaría de Actuación Judicial.
6. Secretaría de Actuación Judicial: interviene en las causas en que la Corte entiende por vía extraordinaria (recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de la ley); en conflictos de competencia que se susciten entre tribunales que no tengan un órgano superior; y supervisa el funcionamiento de las oficinas de sentencias y publicaciones.
Oficina de Mandamientos y Notificaciones: Funcionan en los distintos departamentos y todas dependen de la Subsecretaría de Gobierno. Su función primordial es la recepción de las cédulas y mandamientos de los distintos juzgados y secretarías. Las diligencias practicadas (Ej.: efectivización de la notificación mediante cédula dirigida al interesado), serán devueltas a las distintas reparticiones dentro de las 24 hs. de encontrarse en la oficina. Se entregarán al empleado del juzgado o secretaría, quien al retirarlas suscribe una planilla cuyo original se archiva en la oficina y el duplicado se remite a la Dirección General. En la misma figura detalladamente las cédulas y mandamientos diligenciados, la carátula del expediente al que correspondan, y el juzgado donde tramitan. También existen cédulas y mandamientos que se diligencian con la parte interesada; en éste caso, deberán concurrir a la oficina dentro de los 5 días contados desde que aquellos instrumentos fueron recibidos por la repartición, y allí se fija fecha para la efectivización de la diligencia (Ej.: se le informa que se fija fecha en la cual el oficial de justicia llevara a cabo el diligenciamiento del mandamiento de pago y embargo).
Dirección General de Receptoría de Expedientes: En el momento en que se inicia un expediente judicial, debe tramitarse ante ésta oficina, la que procederá a sortear el juzgado en lo civil, tribunal de trabajo o de familia en que va a tramitar la causa.
Recibida una causa, se asienta en el escrito de inicio (Ej.: Demanda) el día y la hora de su presentación. Dicho escrito y el sobre cerrado en el que se adjunta la documentación, serán custodiados por las autoridades de la oficina, hasta el momento en que se remitan al correspondiente juzgado o tribunal. Se llevará un remito por duplicado de las causas remitidas a los juzgados y tribunales, el que deberá conservarse por dos años.
Registro de Juicios Universales y Capacidad de las personas: Este registro se lleva en forma de fichero ordenado alfabéticamente, en el que consta la iniciación de: sucesiones, inscripciones de declaratorias de herederos y testamentos, protocolización de testamentos, ausencias con presunción de fallecimiento, declaración de muerte, concursos y quiebras, etc.
Los secretarios de los juzgados y tribunales deberán comunicar al Registro la iniciación de los juicios indicados anteriormente en formularios especiales que serán llenados a máquina en duplicado o triplicado. El Registro debe remitir el duplicado de la comunicación con el informe correspondiente para ser agregado a los autos. En este informe detalla si existen causas relacionadas, y en su caso ante qué órgano jurisdiccional tramita o está tramitando.
Archivo del Poder Judicial: Está formado por una Dirección General en la capital (La Plata) sobre la cual ejerce superintendencia la Suprema Corte de Justicia, y por secciones locales en cada Departamento Judicial, sobre las cuales ejerce superintendencia la Cámara de Apelación por delegación de la Suprema Corte de Justicia.
El material que se archiva se compone de dos tipos de expedientes: los expedientes archivados, que son los que se encuentran finalizados o tienen sobreseimiento definitivo firme o por causa de muerte de una de las partes; y los expedientes paralizados, que son los que se ha decretado la caducidad de la instancia, son los paralizados por más de un año.
Cada juzgado o tribunal enviará los expedientes que se depositarán en el archivo, y para ello deberá previamente solicitar fecha para la remisión y adjuntar un listado por triplicado con el detalle de las causas, el que una vez volcado en los ficheros respectivos, se remitirá al órgano jurisdiccional de origen.
El material archivado sólo podrá salir del Archivo previa autorización judicial escrita.
Los expedientes se destruyen a los 10 años en materia civil y comercial, y excepcionalmente en materia de jurisdicción voluntaria a los 5 años. No se destruyen los concursos y quiebras, declaraciones de muerte, etc.
Asesoría Pericial del Poder Judicial: En la ciudad de La Plata funciona la Dirección de Asesoría Pericial. En cada Departamento judicial funciona una oficina que depende de la Dirección. Los requisitos que se deben tener para formar parte del cuerpo pericial son:
• Título habilitante para la especialidad.
• 5 años de antigüedad en la matrícula.
• Domicilio real en el lugar de asiento.
• Prestar juramento ante la Suprema Corte de Justicia.
La Dirección está dividida en secciones que corresponden a las distintas especialidades técnicas. Se pueden crear nuevas secciones según que las necesidades del servicio lo requieran. Estas secciones cuentan con el personal de ayudantes técnicos que sean necesarios y tienen un superior jerárquico designado por la Dirección.
Las funciones de los integrantes de estas secciones son producir los informes técnicos periciales que le sean requeridos judicialmente. Los profesionales que forman el cuerpo tendrán la obligación de auxiliar a la administración de justicia en todos los casos en que sea necesaria su intervención, dando su dictamen ante las autoridades judiciales.
Las actuaciones de los peritos devengan honorarios. Las sumas resultantes se depositan en una cuenta del Banco de la Provincia y se destinan a la adquisición y mejora de instrumental, compra de material bibliográfico, concesión de becas, etc.
La Dirección deberá llevar un libro de entradas y salidas, un libro de adjudicación por fueros donde constan los peritos designados, y un libro de recibos por sección.

Disposiciones constitucionales y legales.
Art. 108 CN: El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la nación.
El Estado implanta la justicia pública a su cargo, para resolver los conflictos entre los individuos cuando éstos no se ponen de acuerdo entre sí. Correlativamente el Estado tiene la obligación de administrar justicia cuando los particulares se lo piden a través del derecho a la jurisdicción que consiste en poder acudir ante un órgano judicial para que resuelva una pretensión jurídica. La Constitución Nacional se ocupa de regular el Poder Judicial Federal o Poder Judicial de la Nación.
Corte Suprema de Justicia de la Nación:
Para ser Juez de la misma se requiere:
• Titulo de abogado de la Nación con 8 años de ejercicio.
• Cualidades de Senador, 30 años, 6 años de ciudadanía.
La competencia del Poder Judicial en el orden federal surge de la Constitución Nacional.
Art. 116 CN: Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del Artículo 75: y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima; de los asuntos en que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una provincia o sus vecinos, contra un estado o ciudadano extranjero.
Art. 117 CN: En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente.
Es el tribunal de única instancia.
Fuera de estos casos excepcionales, la Corte Suprema actúa como tribunal de apelación. Para que una causa sea llevada a la Corte Suprema existen varios caminos pero el más importante es el que viene previsto como recurso extraordinario establecido en la Ley 48, que dice que una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial y solo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de la provincia en los siguientes casos:
1. Cuando el pleito haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso o de una autoridad ejercida en el nombre de la Nación y la decisión haya sido contra su validez.
2. Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del congreso y la decisión haya sido a favor de la validez de la ley o autoridad de provincial.
3. Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución Nacional o de un tratado o ley del Congreso, haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio.
En este recurso ante la Corte Suprema (llamado extraordinario) siempre se debate cuestiones de índole constitucional y se lo denomina Caso Federal.
La Corte Suprema es el único tribunal creado por la Constitución Nacional y todos los demás tribunales inferiores que integran el Poder Judicial nacional los establece el congreso de la nación.
La competencia general de la justicia nacional se integra de la siguiente manera:
• Corte Suprema de la Justicia.
• Cámaras de apelación: nacionales y federales.
• Jueces unipersonales de primera instancia: nacionales y federales.
Diferencia entre la Justicia Provincial y Nacional: en Provincia no existe apelación en el fuero laboral y en el nacional sí.
El juez, concepto y caracteres.
Concepto: Es el órgano jurisdiccional que se encarga de impartir justicia, o sea decidir sobre el objeto del proceso que no es otra cosa que la causa.
Caracteres: Para poder ejercer las funciones jurisdiccionales se indica generalmente que su potestad se integra con 5 elementos:
1. Notio (competencia): Aptitud del juez de conocer en el asunto (causa) que se trate. La causa es la hipótesis de derecho material que motiva el proceso. Es imprescindible, pues el juez debe actuar con pleno conocimiento de la causa. Por ello el juez recibe y evalúa las pruebas que las partes ofrecen (Art. 365 CPCCPBA: El plazo de prueba será fijado por el juez y no excederá de 40 días. Las pruebas deberán ofrecerse dentro de los primeros 10 días).
2. Vocatio (convocatoria): Facultad jurisdiccional para convocar a las partes, para integrarlas al proceso y someterlas a sus consecuencias.
3. Coertio (coerción): Potestad para disponer de la fuerza para que se cumpla con las diligencias ordenadas durante la tramitación de la causa o proceso. También se le reconoce al juez facultades disciplinarias para mantener el orden durante el proceso (Art. 37 CPCCPBA: Los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento).
4. Iuditum (finalización): Aptitud que consiste en dictar la sentencia (acto jurisdiccional que pone fin al litigio) condenando o absolviendo al demandado en todo o en parte.
5. Executio (ejecución): Con similares características a la de Coertio es la potestad del juez a recurrir a la fuerza para hacer cumplir la sentencia.
Designación.
El juez es designado por el Consejo de la Magistratura (Art. 114 CN), el cual es el que selecciona los magistrados y tiene además el cargo de la administración del poder judicial.
El juez debe ser una persona idónea, de ellos se pretende:
• Ciencia: representada por la exigencia del título de abogado.
• Experiencia: es el plazo mínimo del ejercicio de la profesión de abogado: 8 años para jueces de la Corte Suprema de Justicia, 6 para las Cámaras Nacionales de Apelación y 4 para los jueces de Primera Instancia.
• Prudencia: representada por un mínimo de edad, lo cual implica una madurez suficiente, 35 años para los jueces de la Corte Suprema de Justicia y Cámaras Nacionales de Apelaciones y 25 años para los jueces de Primera Instancia.
• Arraigo: ciudadanía argentina, exigida con 6 años para los jueces de la Corte Suprema de Justicia según lo establece la CN, sin señalar antigüedad para todos los demás.
• Honestidad: los jueces de la corte y tribunales inferiores conservan sus empleos mientras dure su buena conducta (Art. 110 CN).
Deberes y facultades.
Deberes: Según el Art. 34 del CPCCPBA, son deberes de los jueces:
1) Realizar diligencias: Asistir a las audiencias de prueba, bajo pena de nulidad, cuando cualquiera de las partes lo pidiere con anticipación no menor de dos días a su celebración, y realizar personalmente las demás diligencias que el CPCCPBA u otras leyes ponen a su cargo, con excepción de aquellas en las que la delegación estuviera autorizada.
2) Decidir las causas.
3) Dictar las resoluciones, de acuerdo a los siguientes plazos:
a) Las providencias simples (medidas tendientes a evitar la paralización del proceso), dentro de los 3 días de presentadas las peticiones por las partes o del vencimiento del plazo conforme a lo prescripto en el art. 36, inciso 1º, e inmediatamente, si debieran ser dictadas en una audiencia o revistieran carácter urgente.
b) Las sentencias interlocutorias, dentro de los 10 días (juez unipersonal) o 15 días (tribunal colegiado) de quedar el expediente a despacho.
c) Las sentencias definitivas, dentro de los 40 días (juez unipersonal) o 60 días (tribunal colegiado). El plazo se computará, en el primer caso, desde que el llamamiento de autos para sentencia quede firme, y en el segundo, desde la fecha de sorteo del expediente.
4) Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia, como garantía contra la arbitrariedad y con el fin de asegurar el control sobre la actividad judicial.
5) Dirigir el procedimiento, debiendo entre otras cuestiones:
a) Concentrar, en lo posible, en un mismo acto o audiencia todas las diligencias necesarias de realizar.
b) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones que tenga, ordenando que sean corregidas dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades.
c) Mantener la igualdad de las partes en el proceso.
d) Prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe.
e) Vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal.
6) Declarar cuando se dicte sentencia definitiva, la temeridad o malicia en que hubieren incurrido los litigantes o profesionales intervinientes.
Facultades: Las facultades vienen dadas en los Arts. 35, 36, 37 del CPCCPBA:
Art. 35. Facultades disciplinarias: Para mantener el buen orden y decoro en los juicios, los jueces y tribunales podrán:
1) Mandar que se teste toda frase injuriosa o redactada en términos indecorosos u ofensivos.
2) Excluir de las audiencias a quienes perturben indebidamente su curso.
3) Aplicar las correcciones disciplinarias.
Art. 37. Sanciones conminatorias: Los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.
Art. 36. Facultades ordenatorias e instructorias: Aun sin requerimiento de parte, los jueces y tribunales podrán:
Ordenatorias:
• Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. Vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasará a la etapa siguiente en el desarrollo procesal, disponiendo de oficio las medidas necesarias.
• Corregir algún error material o suplir cualquier omisión de la sentencia acerca de las pretensiones deducidas en el litigio, siempre que la enmienda o agregado no altere lo sustancial de la decisión, y ésta no hubiese sido consentida por las partes.
• Disponer la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación, en cualquier momento.
Instructorias:
• Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes.
• Decidir en cualquier momento la comparecencia de los peritos y de los testigos para interrogarlos acerca de todo aquello que creyeren necesario; y también de las partes (disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes requerir las explicaciones que estimen necesarias al objeto del pleito).
• Mandar que se agreguen documentos existentes en poder de las partes o de los terceros.
Incompatibilidades.
Es incompatible el ejercicio de la magistratura con:
• El desarrollo de toda actividad política.
• El ejercicio del comercio.
• Realización de toda actividad profesional, salvo para los casos de defensa de intereses personales, del cónyuge, de los padres y los hijos.
• Desempeño de empleos públicos o privados.
• Rector universitario, decano de facultad, o secretario.
Podrán ejercer exclusivamente la docencia universitaria o de enseñanza superior equivalente, con autorización previa y expresa en cada caso de la autoridad judicial que ejerza la superintendencia.
A los jueces de la Nación les esta prohibido practicar juegos de azar o ejecutar actos que comprometan la dignidad de su cargo.
Garantías.
Son para asegurar la independencia de los jueces respecto a los otros poderes del estado. Los jueces cuentan con dos garantías:
– Inmovilidad: Los jueces no pueden ser separados de sus cargos mientras dure su buena conducta (CN). Sólo podrán ser separados de su cargo mediante el procedimiento de juicio político, el cual puede fundarse en el mal desempeño de sus funciones, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. El juicio político debe ser propuesto en la Cámara de Diputados. Esta garantía también comprende el derecho de los jueces de no ser trasladados sin su conformidad.
– Intangibilidad de sus retribuciones: Los jueces recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida mientras permanezca en sus funciones, lo mismo sucede para los jueces de primera instancia.
Remoción.
El régimen de sanciones en que puede verse inmerso un juez, son de 4 categorías:
• Políticas: destitución mediante juicio político, que lo realiza el congreso, por las siguientes razones:
• Mal desempeño: actitudes o hechos incompatibles con el adecuado ejercicio de la función judicial, que no constituyen delito (morosidad, negligencia, inhabilidad física o mental, etc.).
• Delito en el ejercicio de sus funciones.
• Crímenes comunes.
• Administrativas: por faltas que pueden cometer, las cuales incluyen prevención, apercibimiento y multa. Estas las aplica la autoridad administrativa superior.
• Penales.
• Civiles: están obligados a indemnizar el daño causado por el mal desempeño de sus funciones, ya sea por delitos y/o por el irregular desempeño.
Recusación y excusación.
Recusación.
La recusación es un remedio legal del que los litigantes pueden valerse para excluir al juez del conocimiento en la causa en el supuesto que las relaciones o actitudes de aquel con alguna de las partes o con la materia del proceso sean susceptibles de poner en duda la imparcialidad de sus decisiones.
La recusación y excusación esta dada en los siguientes artículos del CPCCPBA:
• Recusación sin expresión de causa:
Art. 14. Recusación sin expresión de causa: Los jueces de primera instancia podrán ser recusados sin expresión de causa, en cambio los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de las cámaras de apelación no podrán ser recusados sin expresión de causa.
El actor podrá ejercer esta facultad al entablar la demanda o en su primera presentación. El demandado, en su primera presentación, antes o al tiempo de contestar la demanda, o de oponer excepciones en el juicio ejecutivo, o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal.
Se busca dar garantía a la parte en especial cuando si bien existe causa legal de recusación, ésta es difícil o imposible de probar.
Art. 15. Límites: La facultad de recusar sin expresión de causa podrá usarse una vez en cada caso. Cuando sean varios los actores o los demandados, sólo uno de ellos podrá ejercerla.
Art. 16. Consecuencias: Deducida este tipo de recusación, el juez recusado se inhibirá pasando las actuaciones, dentro de las 24 horas, al que le sigue en el orden del turno, sin que por ello se suspendan el trámite, los plazos, ni el cumplimiento de las diligencias ya ordenadas.
El juez puede desestimar la recusación cuando se presenta fuera de oportunidad o es presentada por alguien que no es parte del proceso. No puede recusarse sin expresión de causa en:
– Proceso sumarísimo.
– Tercerías.
• Recusación con expresión de causa.
Art. 17. Recusación con expresión de causa: Serán causas legales de recusación:
1) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus mandatarios o letrados.
2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con algunos de los litigantes, procuradores o abogados, salvo S.A.
3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante.
4) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales.
5) Ser o haber sido el juez denunciador o acusador del recusante ante los tribunales, o denunciado o acusado ante los mismos tribunales, con anterioridad a la iniciación del pleito.
6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Suprema Corte hubiere dispuesto dar curso a la denuncia.
7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.
8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes.
9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste con gran familiaridad o frecuencia de trato.
10) Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento, que se manifieste por hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez después que hubiese comenzado a conocer del asunto.
Art. 18. Oportunidad: La oportunidad para que cualquiera de las partes deduzcan la recusación es igual que la recusación sin expresión de causa. Si la causa de recusación fuere sobreviniente, sólo podrá hacerse valer dentro del 5º día de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de quedar el expediente en estado de sentencia.
Excusación.
Tiene lugar cuando el juez se inhibe espontáneamente de conocer del juicio debido a que sus relaciones o actitudes con alguna de las partes o con la materia del proceso sean susceptibles de tornar imparciales sus decisiones.
Art. 30. Excusación: Todo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación con expresión de causa contenidas en el Art. 17, deberá excusarse. Asimismo podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza. No será nunca motivo de excusación el parentesco con otros funcionarios que intervengan en cumplimiento de sus deberes.
Actos del juez.
Los actos del juez pueden ser:
A. Actos de decisión:
• Providencias Simples.
• Sentencias Interlocutorias.
• Sentencias Definitivas.
B. Actos de comunicación:
• Cédula.
• Oficio.
• Exhorto
• Mandamientos.
• Testimonios.
C. Actos de documentación: son los actos que se celebran en Audiencias.
Las actividades pueden ser:
• Instructorias.
• Ordenatorias.
• Decisorias



Comentarios

Hay 3 comentarios!

  1. Argentina » Ámbito, Estructura y Funcionamiento Jurisdiccional en Argentina 30/09/2008 a las 9:01 am

    […] Ámbito, Estructura y Funcionamiento Jurisdiccional en ArgentinaPara ser juez de paz se requiere: ciudadanía argentina, título de abogado válido en la provincia y acreditar condiciones morales e intelectuales. Los jueces de paz tienen las mismas atribuciones y deberes que los jueces de 1° instancia. … […]

  2. Otto 21/05/2009 a las 1:35 am

    Recién conosco esta pagina, esta fantastica…!!!

  3. gamarra villalba mirian eser 05/10/2010 a las 9:20 pm

    buenísimos lo leí todo y m servirá para el parcial d procesal……

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