Medidas cautelares

Medidas cautelares

Medidas cautelares: son aquellas que tienen como fin asegurar el ejercicio de un derecho. Lo que se pretende tutelar es la posibilidad de hacer efectivo el derecho que se está invocando y que será resuelto luego que el juez dicte sentencia favorable.
Son medidas tomadas por los jueces con el objetivo de impedir la disposición de los bienes del deudor. Las más importantes son: embargo preventivo, secuestro de bienes, inhibición general de bienes, anotación de litis, prohibición de innovar, prohibición de contratar, intervención judicial, etc.

Oportunidad y requisitos para entablar una m.c.:
El motivo por el cual uno pide una m.c. con una premura tal que lo haga antes de iniciar una demanda es que exista un peligro inminente; un peligro tal que cualquier demora puede hacer ilusa posibilidad de un resarcimiento económico a través de una sentencia.

La Prueba Anticipada también se puede pedir antes de iniciar demanda. Aquí el objetivo principal es mantener un medio de prueba, es decir que éste se pueda llevar adelante. La prueba anticipada se da fundamentalmente cuando la prueba puede desaparecer con el curso del tiempo. Ej. una prueba testimonial de una persona que le quedan pocos días de vida, una prueba material que puede ser destruida por hechos ajenos al proceso judicial en sí.

Tampoco es necesario esperar hasta la sentencia del juez para pedir la m.c. ya que durante el proceso el demandado puede comenzar a insolventarse y cuando el juez lo condene podría haber imposibilidad práctica del resarcimiento en base a la sentencia.

Concluimos que se puede pedir una m.c. en cualquier momento del juicio:
a) Antes de iniciar la demanda judicial
b) Junto con la demanda judicial
c) Luego de iniciada la demanda judicial

d) Luego del dictado de la sentencia (solo algunos autores)

El actor que pretende accionar una m.c. se comunica al juez a los efectos de conseguir una resolución favorable que la disponga. Se deben tener en cuenta 3 requisitos (Telese):

• Mencionar específicamente el derecho que se pretende tutelar o asegurar. Si la m.c. la hubiere pedido luego de iniciar la acción judicial, ya está mencionado este derecho.
• Mencionar específicamente que clase de m.c. se solicita. Si se pide una m.c. sin especificar cual es, el juez no sabrá si resolver favorablemente o no, entonces denegará la petición. Uno debe optar por alguna m.c. en particular en base a la que resulte más correcta de acuerdo al derecho que se pretende tutelar.
El juez, en el sistema administrativo de justicia argentino resuelve a un pedido concreto del demandante por Sí o por No.
• Mencionar específicamente la disposición legal en la cual se funda la posibilidad de instrumentar la m.c. que solicitamos.

Para que proceda una medida de esta naturaleza se deben reunir determinados requisitos (Juárez):

• Verosimilitud del derecho:
Significa probar que la medida que se pide es razonable. Que tiene cierto rango de veracidad. Si bien no se puede saber con certeza, porque estamos a inicio del proceso, realmente hay cierta razonabilidad en el pedido.

• Peligro en la demora:
Hay un peligro real que si se espera hasta el final del juicio no se podrá ejercer el derecho que se pretende. Se debe demostrar que el demandado hizo algo para disminuir su responsabilidad (o capacidad patrimonial; volverse insolvente), hechos que deben ser posteriores a contraer la deuda. Por ejemplo, que ponga en venta sus bienes luego de haber contraído la deuda para licuar su patrimonio.

• Contracautela:
Es una figura que hace que el actor deba garantizar el daño potencial emergente de la m.c. que pide.
El concepto es dar una caución suficiente por los daños que se puedan originar en la aplicación de una m.c. que finalmente resulte innecesaria.
La garantía que se exige puede consistir en un depósito previo de sumas de dinero, dejar ciertos bienes, una caución real o personal, fianza, etc.
En el momento que se pide la m.c. no existe certeza que el derecho que prende el actor sea sentenciado favorablemente. Entonces, el código prevé la situación que una m.c. aplicada, posteriormente resulte ser inadecuada o mal pedida para el derecho que se iba a dilucidar.
Si la m.c. se puso en funcionamiento y finalmente luego del proceso el sujeto a quién se le aplicó no resulta condenado la m.c. resultó ser improcedente, innecesaria.
A consecuencia de la aplicación de la m.c. el demandado pudo haber sufrido daños o perjuicios económicos sin ser culpable.
Entonces debe existir una garantía para estos casos y el demandado en lugar de hacer una contrademanda se cobra directamente de la contracautela sin tener que hacer un juicio aparte.
Ejemplo: el actor solicita la intervención judicial de un negocio, el juez concede la medida y revisan los fondos del local, inspeccionan el lugar, etc. Sucede que los clientes que estaban comprando se quedan con una mala impresión del negocio y piensan en no volver por un tiempo. Este perjuicio económico que sufrió el demandado es resarcido con la contracautela.
La contracautela solo se usa si la m.c. resultó ser innecesaria y esto se sabe cuando se dicta sentencia.

Juárez (Telese no dice esto):
A los trabajadores que inician un juicio y piden una m.c. no se les exige un depósito previo sino que esto se reemplaza por una “Caución Juratoria”. Esto es prestar juramento de que se le pagará a la otra parte si le causara daños indebidamente. Este es así aquí porque los trabajadores tienen el Beneficio de Litigar Sin Gasto.
Tampoco se les pide contracautela sino solamente una Caución Personal a quien es solvente, por ejemplo un banco. El hecho de que se exija un depósito previo, etc. es que haya algo para cobrar, pero la contracautela queda relevada por tener solvencia patrimonial.

Exclusiones de contracautelas
Los sujetos que no pueden ofrecer contractuela por ley son:

A. Aquellos sujetos que actúan con beneficio de litigar sin gastos o con cartas de pobreza. Ejemplo: trabajadores que actúan en el fuero civil o comercial pero bajo la previsión de la ley de actuar con este carácter.
B. el estado provincial y las empresas que dependen de él (CPCCPBA)

Clase de contracautela
1. Juratoria: Es aquella en donde el actor solo ofrece juramento. Es lo mínimo que se pide. Que como mínimo preste juramento de que se hará cargo de resarcir los daños y perjuicios que el mismo le origine en caso de que no le asista la razón o el derecho que pretende tutelar con la m.c. en cuestión.

2. Personal: es aquella que da un tercero para afianzar cualquier daño que se origine. Nos referimos a una garantía personal. La garantía personal es el activo (patrimonio) de la persona garante, es decir, este responde con su patrimonio. Aquí se puede pedir contracautela personal haciendo que un tercero sea de garantía, que aparezca como garante en caso de originarse daños.

3. Real: cuando existe un bien en particular que se ofrece en garantía de la m.c. solicitada. Ej. Bs. Inmuebles: en este caso se constituye un embargo.
Muebles: en este caso también es un embargo, pero quedaría trabada su libre circulación. Entonces ¿Cómo se instrumenta una m.c. sobre bienes muebles en actividades comerciales e industriales?
Los bienes muebles, por excelencia aquí son los rodados (que son bienes registrables). Pero si se trata de mercaderías no sería lógico un embargo como la m.c porque le coarta al propietario la libre disponibilidad de esos bienes.
La forma de entablar una m.c. sobre esos bienes muebles es el embargo que se materializa a través de una prenda flotante (se tiene que identificar un determinado valor en la cantidad de bienes que se hallen en stock, se obliga a que nunca tenga un monto inferior que la cantidad que está en garantía; sino se verifica dicho mínimo entonces se produce la quiebra). Así se evita el daño de inmovilización den el patrimonio del deudor.

Quien tiene que ofrecer la contracautela es el actor, que es quien pide la m.c.
La contracautela se aplica solo antes de que la sentencia que de firme. No tendría sentido que se aplique luego de que la sentencia quede firme, ya que ahí lo que se hace es ejecutar una m.c. para proteger un derecho que ya fue dilucidado y sentenciado a favor del actor. (y que se sabe que es correcto). Cualquier medida tomada será correcta y no originará ningún daño indebidamente.

¿Puede ser mejorada una contracautela una vez que ya fue otorgada?
Si el daño que se puede originar y se prende garantizar es mayor que la garantía que se ofrece el perjudicado sería el demandado. Entonces es este quien quede facultado para pedir una mejora de la contracautela.
Si el juez no lo hiciera de pleno derecho y el demandado puede demostrar que el daño potencial que podría recibir es mayor que la garantía que el actor ofrece con la contracautela, el juez procede a un aumento o mejora de la misma (Art. 201)

La ley en el Art. 203, sin hablar de la disminución de la contracautela, en oposición a mejoramiento de la misma menciona la posibilidad de su modificación. La puede pedir el actor y el demandado. Esto no es disminuir sino modificar, es decir, sustituir una medida del juez sobre un bien determinado por otro bien que también asegure el resarcimiento potencial.
Una vez resuelta la medida, esta no permanece congelada en el tiempo, puede tener un cambio según las partes puedan demostrar la necesidad p conveniencia de variarlas.

El juez no tiene obligación de aceptar medidas pedidas. Este puede rechazar, modificar u ordenar una m.c. diferente. Esta es una de sus facultades para administrar justicia; siempre y cuando el objetivo que se persigue se pueda mantener.

¿Durante cuánto tiempo hay que mantener la contracautela?
Hasta que subsistan las medidas que le dieron origen, es decir, hasta el dictado de sentencia.
Existen cuestiones limitadoras de contracautela en función de los plazos. Ej. en la contracautela juratoria y personal no existe límite de tiempo de su vigencia; en cambio las contracautelas reales pueden tener plazos, entonces hay que ser previsor y ver la posibilidad de renovarlas avisando con tiempo al juez

Caducidad de las m.c. Art. (207)
La m.c. que se da antes de que se inicie la demanda tiene un período de vigencia muy breve. Es una medida de urgencia que generalmente los jueces conceden, previa contracautela, pero que obliga una acción rápida por parte del futuro actor para entablar la demanda. Caso contrario podría coartar determinadas libertades de disposición a una persona y esperar a que pase el tiempo y que le hace un perjuicio.
La m.c. caduca sin en el plazo de 10 días a partir de que se concretó la m.c. no se haya presentado la demanda. Si caducara la m.c. y se prueba que el efectivo ejercicio de la misma originó un daño o lesión en el patrimonio del demandado, este puede reclamar resarcimiento contra quien llevó adelante la m.c.
Además, si se cayera la m.c. porque no se presentó demanda dentro de 10 días de su otorgamiento el actor no puede volver a pedir la misma m.c. por la misma causa si después inicia formalmente la demanda (sí puede pedir otras m.c. diferentes).

Intervención y administración judicial

Encontramos tratado el tema en distintas fuentes:
A. LSC 19.550
B. CPCCPBA
C. CPCCN
D. Ley 10.620

A. Ley de Sociedades Comerciales, 19550 (Art. 113 a 117)

Art. 113 (procedencia):
La intervención judicial es procedente cuando el o los administradores de una sociedad realicen actos (acciones) o incurran en omisiones (inacción) que la pongan en peligro grave.
La ley instaura esta medida atendiendo exclusivamente el interés de la sociedad y de los socios ante la actuación de los administradores que ponga en peligro grave sus derechos. Las m.c. en beneficio de terceros quedan circunscriptas al Código Procesal.
Sin embargo, hay una disquisición respecto a quienes están legitimados para realizarla petición de la medida. En principio son solo los socios de la sociedad, pero luego hay otros que se pueden sentir afectados, por ejemplo, organismos de control como la IGJ o DPPJ, ya que no solamente se tiene que resguardar el interés de los socios sino también el interés de la sociedad

Art. 114 (requisitos y pruebas):
Para la procedencia de ésta medida se condiciona a que el peticionante acredite 3 requisitos:
• Demostración de su calidad como socio, esto es que este legitimado para pedir la m.c. Ej. De una SRL, con el contrato social, de una SA con el título o acción o certificado provisorio.
• Acreditación de la existencia de peligro grave en que se encuentre el interés o los derechos de la sociedad y/o de los socios. Esto es, que el peticionante debe expresar los hechos y demostrarlos. La existencia de este extremo de peligro grave, el juez lo juzga descriptivamente. Dado el carácter de ésta medida solo se requiere una información sumaria (simple y rápida) donde se acredite el requisito de viabilidad sin dar traslado de la demanda a los administradores.
• Acreditar que ha agotado todos los recursos o caminos que pudiera prever el contrato social, esto es agotar la instancia contractual.
¿Cómo se agota la instancia contractual antes de ir al juez en una SA? Se tiene que dirigir a la sindicatura dela sociedad porque éste es el órgano que la representa, entonces se le pide al síndico que se dirija al Directorio y convoque a una asamblea extraordinaria, en la cual un tema del orden del día será la remoción de un miembro del Directorio.
Hecho el pedido al síndico, fijado el plazo para asamblea y el directorio no convoca, vencido el plazo, el silencio significa denegatoria tácita e implica haber agotado la vía contractual.
Se demuestra esto al juez acreditando una nota (cuya firma está certificada) en la que se indica el plazo para convocación a asamblea, que se promueve acción, de remoción, etc. a través de una carta documento…

Cuando el juez toma la decisión de adoptar esta medida, la importancia evidente juega en el marco de la comercialización. Esta medida provoca peligro en la sociedad intervenida, por ejemplo, si luego de esta medida los proveedores pasan de venderle a 60 días a cortarle el crédito y exigir pagos al contado. Esto provoca la ruptura del circuito financiero de la sociedad.
La importancia de esta medida y las consecuencias que frecuentemente producen, imponen que su procedencia debe ser apreciada por el juez con carácter restrictivo. Esto es, que analice seriamente su necesidad de resolverla por las derivaciones que esta medida podría llegar a tener.
El carácter restrictivo implica que en principio no es procedente ante la duda, sino que hay que demostrar que es una última opción extremando todos los requisitos.
Además, el carácter restrictivo se complementa con la obligación del juez de citar la misión (facultades), atribuciones y el término de la intervención, y se sanciona la obligatoriedad de la prestación de una contracautela.

Art. 117 (apelación):
La resolución que admite la intervención será apelable al solo efecto devolutivo. Si se otorgara al recurso el efecto suspensivo, esto implicaría la continuidad en los hechos de la administración que se consideran dañosos para la sociedad o el interés del socio. La LSC tiene mayor jerarquía que otras leyes porque esta inserta en el código de comercio, entonces este efecto devolutivo no puede ser cambiado por otras leyes de menor jerarquía (L. 10620, CPC, etc.)
El juez debe dictar esta medida cuando este completamente convencido.

Art. 115 (clases de intervención):
Aquí la LSC es distinta a lo que prevé el CPCCPBA. La LSC establece que la intervención judicial puede consistir en la designación de un mero veedor, de uno o varios coadministradores, o de uno o varios administradores. (Mas adelante detallo bien cada uno).

Misión y atribuciones del interventor administrador
Dentro del mismo artículo se establece que el juez fija las funciones que deberá desempeñar el interventor y las facultades de acuerdo a ellas.
Estas funciones no podrán ser mayores que las que originalmente tenía el organismo administrador según el contrato social. Las restricciones que se habían fijado para los administradores naturales también se aplican al administrador judicial, es decir, que no podrá ir mas allá de lo que esta estableció para los administradores naturales.
A su vez, el juez debe precisar el término de la intervención. Solo podrá ser prorrogado mediante información sumaria de su necesidad por vía del interventor administrador, este informa al juez y él resuelve la prórroga o no.
El peligro grave significa de alguna manera que se están produciendo irregularidades que no responden al contrato social. Entonces, la misión del interventor es regularizar la situación cumpliendo los actos naturales. Tendrá que realizar tareas normales y ordinarias.
Una vez que la situación se regularizó debe llamar a asamblea de socios para que ellos elijan un nuevo administrador.

Art. 116 (Contracautela):
El peticionante deberá prestar la contracautela que se fije, de acuerdo a las circunstancias del caso, los perjuicios que la medida pueda causar a la sociedad y las costas causídicas.
Quien pide esta medida tan gravosa debe garantizar con su peculio para el caso de improcedencia de la misma. En caso de ser apelada la intervención y decretada nula por la cámara de apelaciones de primera instancia se ejecutará dicha garantía y con el producido se solventarán los perjuicios provocado a la sociedad y además todos los gastos causídicos (de honorarios de abogados, peritos etc.).
Muchas veces el interés del peticionario no es el que marca el espíritu de la ley (peligro grave), sino forzar una compra ventajosa de las acciones, y esto no es legítimo. Entonces la ley quiere evitar esta a través de la contracautela que

B. C.P.C.C.P.B.A. (Art. 222 a 227)

Art. 222 (intervención judicial):
Se podrá ordenar la intervención judicial a falta de otra medida precautoria eficaz o como complemento de la dispuesta(embargo, inhibición general, etc).
La intervención puede ser:
• a pedido del acreedor, si hubiere de recaer sobre bienes productores rentas o frutos.
Se va contra producido de un bien. Dicho producido sirve para cancelar una deuda. Se recauda y se deposita solamente, no se cobra, es una medida precautoria para asegurar el cobro. Solamente se ataca la renta del bien porque no puedo descapitalizar por una deuda que no fue aprobada. Por ejemplo, voy sobre el excedente diario si se trata de un comercio.
El acreedor puede pedir un recaudador (o colector) ya que hay que cobrar una deuda. Excepcionalmente pedirá un interventor (fiscalizador) o un veedor.
Nosotros, como contadores, podemos pedir la intervención judicial sobre bienes productores de rentas o frutos en la situación de que nos regulen honorarios por actuación en la justicia, seamos acreedores del condenado en costas y este no posee cuenta corriente, caja de ahorro, etc. en bancos ni bienes para embargar. Entonces como acreedor puedo pedir la intervención judicial para que se afecten los ingresos y se retengan para satisfacer mi crédito.

• A pedido de un socio de una sociedad cuando actos u omisiones de quienes la representan le pudieren ocasionar grave perjuicio o pusieren en peligro el normal desarrollo de las actividades de aquellas.
El socio puede pedir que el juez nombre un interventor, veedor o administrador.

 Fiscalizador (comúnmente llamado interventor)
 Recaudador o Colector
 Veedor
Distintas especies de intervención judicial: Administrador
(según las facultades que tenga) Coadministrador

 Liquidador (no está en el CPCCPBA)

No hay que confundir una especie de intervención, la fiscalización, con el nombre de interventor. Lo llamamos fiscalizador.

Art. 223 (Primer párrafo)
Fiscalizador (comúnmente llamado interventor)
I. Vigilar la conservación del activo y cuidar que los bienes objeto de la medida no sufran deterioro o menoscabo.
El primer paso del interventor como medida precautoria es vigilar que se mantenga el statu quo de la sociedad, que no se hagan cambios drásticos, que se siga el manejo ordinario de los activos. Esto implica vigilar la conformación del activo
Lo primero que hay que hacer es saber bien cuales son los bienes; para ello se realiza un inventario, ya que luego por cualquier tipo de circunstancia se lo puede hacer responsable al interventor.
Por ejemplo, 2 socios se separan y discuten uno le tiene que dar el 50% de la valuación, pero la valuación se determina luego del litigio; entonces mientras transcurre el tiempo alguien tiene que vigilar el activo. Se pide al fiscalizador (interventor) para que lo conserve. Se vigila por medio del control interno. De vez en cuando hay que seleccionar muestras por sectores y comprobar que en realidad las cosas siguen estando. Si faltara algo habrá que hacer inmediatamente la denuncia ya que nosotros somos los responsables.

II. Comprobar las entradas y gastos (flujo de fondos)
Este es el segundo paso. A través de una auditoría determinamos la confiabilidad de los sistemas contables internos, de los sistema de administración de los flujos de fondos, utilización de esos fondos, etc.
Si son confiables el interventor puede tomar como base las registraciones de los sistemas para hacer un informe vinculado con los ingresos y egresos de fondos.
Si los sistemas de fondos no son confiables se debe instrumentar uno y éste debe tener la precaución que debe concluir en un estado de ingresos y egresos. El interventor se comunica con el juez para pedir que se autoricen todas las demás medidas que se consideren necesarias para que esta información pueda ser brindada en tiempo y forma de acuerdo a lo que el juez determine.
El fin es determinar que lo que ingrese es todo lo que realmente tiene que ingresar y no se quede nada por el camino. Lo mismo para los egresos, que los gastos sean los que corresponden, que no estén fuera del objeto social para que no se produzca vaciamiento.
Son movimientos de fondos, no resultados.

III. Dar cuenta al juez de toda irregularidad que advirtiere en la administración.
Este es el tercer paso. Esto significa que como es un régimen ordinario si se comenten actos extraordinarios o irregularidades inmediatamente hay que denunciarlo al juez para que adopte las medidas de corrección.
El interventor tiene que tener un parámetro para determinar que es lo que está bien y que mal. Para tiene que conocer las prácticas habituales contables, administrativas, etc. Para esto requiere ser un profesional en la materia (contador, administrador).

IV. Informar periódicamente al juzgado sobre el resultado de su gestión.
Este es el cuarto paso. Significa que debe informar sobre lo que el mismo hizo. Cuando el juez dispone la intervención establece las pautas a las cuales el perito se tiene que ajustar para transmitir información. Entre otras cosas establece la periodicidad de los informes. Ej. mensual, quincenal o semanalmente, etc.

Art. 223 (segundo y tercer párrafo)
Recaudador o Colector
El juez limitará las funciones del interventor a lo indispensable y podrá ordenar que actúe exclusivamente en la recaudación de la parte embargada sin ingerencia alguna en la administración. El monto de la recaudación podrá oscilar entre un 10% y 50% de las entradas brutas.
Cuando se establece que el juez puede limitar las funciones del interventor a solamente recaudar, da lugar a una nueva figura: el Recaudador. En este caso la medida es complementaria (principio del Art..) del embargo.
Esta es una de las principales funciones del contador en la justicia. Normalmente cuando actuamos en pericias recibimos el cargo de Interventor Recaudador. Es la facultad que nos da el juez para que bajo sus órdenes e instrucciones nos apropiemos de un activo específico del deudor.: el dinero.
Esto apunta a que tenemos que sustraer al deudor una parte de sus ingresos (no resultados) un activo: Caja. Nos apropiamos del efectivo sin importar si provienen de ingresos contables o no. Por ejemplo, se embargó a una persona que está demandada por $10.000 como no se le pudo embargar ningún bien registrable como medida complementaria se le va embargando la recaudación hasta cubrir los $10.000. Y el juez dispone ir sustrayendo el 20% de los ingresos.

Las alternativas con las que nos podemos encontrar son
1) Efectivo.
2) Cheques (elemento de activo de asimilación al concepto caja). Hay cheques comunes y de pago diferido.
a) En el caso de cheques comunes, el interventor-recaudador tiene que tomar ciertas precauciones ya que no siempre los cheques son depositados. A veces se transfieren o endosan a terceros para cancelar obligaciones. Entonces lo que se puede hacer, en caso de que exista efectivo y cheques es una compensación natural (que si quiere el deudor use los cheques pero que compense con efectivo del ingreso diario); igualmente esto no se recomienda hacer. Lo que se recomienda hacer es por una parte retener, por ejemplo 20% del ingreso en efectivo, y por otra parte hacer que el ingreso percibido con cheques sean depositados en la cuenta bancaria del deudor y complementariamente pedir al juez que libre un oficio al banco para que el 20% de todos los depósitos bancarios sean transferidos al Banco de depósitos judiciales en los autos que correspondan a nombre del juez.
También hay que hablar con el juez y con el secretario para ver si ellos están de acuerdo con las medidas implementadas. Se le pregunta al juez si existen otros ingresos que escapen a esta metodología.
b) En el caso de que sean cheques diferidos (máximo año desde facha de libramiento) la metodología es hacer inventarios; se llama Control de Cheques. Ej. si bien los cheques se reciben son a 90 o 120 días el deudor podría endosarlos. El deudor los debería mantener en cartera y cuando venza el plazo se deposita, y el banco transfiere el 20% al banco de depósitos judiciales. Si el deudor quisiera endosarlos se puede recurrir a la compensación con dinero.
3) Cupones de tarjeta de crédito: lo que se hace es pedir libramiento de oficios a la empresa de tarjetas de crédito para que un porcentaje establecido por el juez no se acredite al comerciante titular del fondo de comercio sino que directamente lo transfiera al banco de depósitos judiciales.
4) Pagarés: no son pagos, no se da el ingreso que marca la ley hasta que no se produzca el vencimiento del mismo ya que no es una forma de pago. Solo es una promesa escrita de pago.
5) Factura conformada: si emitiera un tipo de factura conformada, lo que podemos hacer es esperar a que el cliente pague o librar un oficio para que al vencimiento pague y haga el depósito judicial.

Es un error del código el límite inferior que establece ya que hay ciertos entes que tienen un margen de renta bruta de menos de 10%. Ej. una estación de servicios.

Art. 227
Veedor
Se da esta figura cuando se limitan las funciones del interventor a solamente observar la administración. El juez designa un veedor de oficio o a petición de parte para:
• Practicar un reconocimiento del estado de los bienes objeto del juicio.
• Vigilar las operaciones o actividades que se ejerzan respecto de ellos.

Luego el veedor deberá informar al juzgado sobre los puntos que en la providencia se establezca.

Aquí no interesa vigilar o resguardar todo la situación patrimonial del demandado, los flujos de fondos, etc. sino solo la parte que esta en discusión. Se limita el accionar del interventor a la parte de los bienes que se quiere preservar, la cual no tiene que ser tocada, no tiene que sufrir ningún cambio.
Lo que se hace primero es reconocer el estado o condición en que se encuentra el bien en el momento de la demanda y luego se vigila que no cambie.

La veeduría es un sistema mediante el cual una persona designada por el juez, normalmente un perito, tiene la obligación de informarle a éste determinados aspectos que le solicita le informe. Es solo la obligación de informar. Este mira, informa y no interviene para en el manejo de la empresa. Su intervención en la administración no es trascendente hacia terceros, no tiene derivaciones en aspectos comerciales de la sociedad. Solo informa lo que ocurre.

Art. 224
Administrador judicial
Una de las mayores diferencias que tiene la administración (o coadministración) judicial con respecto a los anteriores tipos de intervención judicial es que aquí hay desplazamiento del órgano natural de administración (o ingerencia) del ente intervenido. En su lugar se nombra un Administrador (Coadministrador) Judicial.
Cuando existen problemas en una sociedad, generalmente a pedido de los socios el juez nombra a alguien para que pueda solucionarlos y sacar adelante la empresa. Esta figura se aplica tanto a sociedades comerciales, civiles, asociaciones etc. y en general se rigen por lo establecido en el CPCCPBA; pero para el caso de las primeras además hay un capítulo especial en la LSC 19.550.
Si el problema es muy importante, y los actos u omisiones que se pueden estar realizando pueden ser importantes se permite desplazar a los administradores de la sociedad.
Así como las facultades del interventor se limitan en función de la medida adecuada para cada caso, también se pueden ampliar. Entonces, el interventor no solamente participa e interviene sino que también desplaza a la administración del ente intervenido. Se desplaza totalmente al órgano de administración. Se sustituye por el Administrador Judicial.

Cuando fuere indispensable sustituir la administración de la sociedad o asociación intervenida por divergencias entre socios derivadas de una administración irregular o de otras circunstancias que a criterio del juez hicieran procedente la medida (3requisitos: Verosimilitud del derecho, peligrosidad en la demora y contracautela), el interventor será designado con el carácter de Administrador Judicial.
El juez debe precisar sus deberes y facultades tendientes a regularizar la marcha de la administración.
La medida no será procedente si no se ha promovido la demanda por remoción del o los socios administradores.
Esto último es otro requisito: que exista demanda previa de remoción, es decir, que si no se agotó la vía institucional no se puede ir a la justicia. Primero se trata de resolver el problema extrajudicialmente.

Art. 225 (Gastos):
El administrador judicial solo podrá retener y disponer de los fondos con el objeto de pagar los gastos normales de la administración…
Se pueden realizar todos aquellos gastos que sean normales y ordinarios de acuerdo al objeto y a la envergadura del ente. Las cuestiones normales son las llamadas operativas. Las cuestiones ordinarias son aquellas frecuentes, repetitivas, habituales en el tiempo.
Los gastos extraordinarios o nombramientos de auxiliares serán autorizados por el juez previo traslado a las partes.
Los gastos extraordinarios o gastos que no sean operativos el Administrador Judicial no puede decidirlos. Entonces estos gastos los resuelve el juez con consejo del administrador judicial. También se puede llamar a los propietarios

Coadministrador Judicial:
Esta figura se da cuando no se desplaza al órgano de administración de la sociedad sino que se nombra a un coadministrador para que trabaje conjuntamente con dicho órgano. Ambos funcionan como administradores en forma conjunta.
Se dice que el órgano de administración de la empresa intervenida está integrado por 2 cuerpos, los cuales actúan mancomunadamente, en forma conjunta, no indistinta. Todas las decisiones que se tomen están sujetas a la aprobación de los dos para que se permita hacer. Actúan como una sola unidad. Esto hace que la sociedad no tenga amplio manejo libremente.

Art. 227
Honorarios
Los interventores o administradores no podrán percibir honorarios con carácter definitivo hasta que la gestión total haya sido judicialmente aprobada. Si su actuación excediere de 6 meses previo traslado a las partes podrán ser autorizados a percibir periódicamente sumas con carácter de anticipos provisionales, en adecuada proporción con el honorario total y los ingresos de la sociedad o asociación.
El interventor cobra sus cuando termina su labor. Pero el Código prevé que si esta dura mas de 6 meses puede percibir a cuente de sus honorarios montos anticipados.
La administración judicial implica para el interventor un gran esfuerzo de tiempo, quizá le abarque hasta el día completo. Si el cargo dura mucho tiempo es un despropósito que tenga que esperar hasta 6 meses para cobrar algo.
Entonces, la ley 10.620 soluciona este problema estableciendo en el Art.. 205 que los interventores judiciales en cualquiera sea de sus tipificaciones luego de cumplido un mes de actuación tendrán derecho a percibir anticipos de honorarios y reintegros de gastos relacionados con su labor.

¿Qué pasa con los honorarios si el proceso queda paralizado?
Se regulan los honorarios cuando el proceso está terminado, ¿pero si no termina?, solo se paraliza. Puede ser que las partes en forma extrajudicial, por afuera del proceso hagan arreglos y se pongan de acuerdo en abandonar el juicio y acuerdan la forma de solucionar su conflicto sin esperar a que el juez resuelva. Entonces abandonan al juicio, y también a nosotros, que hicimos nuestro trabajo y espesamos cobrar cundo el juez resuelva.
Entonces vamos al juzgado y vemos que el expediente está inactivo. Pasa el tiempo y no se producen cambios; si pasan 6 meses así se considera que se está en situación de expediente paralizado.
Esto da lugar a que hagamos la denuncia a cualquiera de las partes , por cédula. Para esto es necesario ir a la Mesa de Entrada del juzgado y pasar el confronte. Aquí en el confronte, dentro del juzgado, se verifica que lo que se comunica está bien (la resolución, la carátula, etc.). A los 5 días volvemos al juzgado, a la Oficina de Mandamientos (u Oficina de observaciones si hubiera estado mal hecha).

C. C.P.C.C.N (Art. 222 a 227)

Interventor recaudador
A pedido del acreedor y a falta de otra m.c eficaz o como complemento de la dispuesta podrá designarse un interventor recaudador si aquello debiera recaer sobre bienes productores rentas o frutos. Su función se limitará a la recaudación de la parte embargada sin ingerencia alguna en la administración.
El juez determina el monto de la recaudación que no podrá exceder el 50% de las entradas. Esto soluciona el problema anteriormente dicho, se puede recaudar menor del 10% (diferencia con CPCCPBA)
Su importe deberá ser depositado a la orden del juzgado en el plazo que este indicare.

Interventor informante
Este sería el caso del interventor veedor que plantea el CPCCPBA.
De oficio o a petición de parte, el juez podrá designar un interventor informante para que de noticias acerca del estado de los bienes objeto de la medida y de la operación de las actividades con la periodicidad que establezca el juez.

En general no hay diferencias respecto de las disposiciones comunes de la intervención, contracautela, etc.
Pero si hay diferencia en cuanto a deberes del interventor. Cuando puede ser removido dice como debe realizar su tarea:
• En forma personal, con arreglo a las directivas que le imputa el juez, es decir, que no puede delegar el ejercicio.
• Presentar los informes periódicos que disponga el juzgado y uno final al cumplir su cometido.
• Evitar las medidas que no sean estrictamente necesarias en el cumplimiento de su función, o sea, no extralimitarse en sus funciones.

El interventor que no cumpliera con su cometido podrá ser removido:
a) De oficio sin dar lugar alguno a defensa del interventor. Si el juez está convencido no es necesario que tenga que dar cuenta a nadie. Resuelve de oficio.
b) Si mediara pedido de parte sedará traslado a las demás partes y al interventor para que se haga de la defensa.

Honorarios
El interventor solo percibirá los honorarios a que tuviere derecho una vez aprobado judicialmente el informe final. Si su actuación debiera prolongarse en un plazo que a criterio del juez justificara el pago de anticipos, previo traslado a las partes se determina estos en adecuada proporción al eventual importe total de sus honorarios.
Aquí no existe plazo determinado de 6 meses, etc. El juez evalúa la petición del interventor resuelve y da traslado a las partes de considerarlo correcto. Es decir que a criterio de juez se justifica el pago de honorarios provisorios de lo en definitiva se resuelva.
Para determinar la base que el juez considera para la regulación de los honorarios, el código prevé que se atenderá a:
 a la naturaleza y modalidad de la intervención,
 al monto de las utilidades requisadas,
 a la importancia y eficacia de la gestión,
 a la responsabilidad en ella comprometida,
 al lapso de la actuación,
 y demás circunstancias del caso.

Carece de derecho al cobro de honorarios el interventor removido del cargo por ejercicio abusivo, que se excedió de sus atribuciones.
Si la remoción se debiera a negligencia, aquel derecho de honorarios por la proporción que corresponda será determinada por el juez. El pacto de honorarios celebrado por el interventor y por alguna de las partes será nulo e importará ejercicio abusivo del cargo, y será causal de remoción.

D. Ley de Ejercicio Profesional, 10.620

Art. 12
Es importante porque delimita la incumbencia profesional. Dice que se requerirá título de contador público:
a) En materia extrajudicial
b) En materia judicial
c) Otras.

Lo que nos interesa a nosotros está dentro del apartado b), en el inc. 7 se establece como incumbencia profesional del contador actuar de:
 Veedor
 Interventor
 Interventor colector
 Liquidador
 Coadministrador
 Administrador judicial
En sociedades comerciales, civiles y demás modalidades de asociaciones.

Pasos necesarios para diligenciar la medida

En principio:
1) Providencia. Designación de un perito de oficio. Esta se da a través de un sorteo entre quienes están inscriptos en las listas.
2) Notificación por cédula al perito designado
3) Aceptación del cargo por parte del perito en el expediente dentro del tercer día de notificado.

Pero para tomar efectiva posesión del cargo, el perito debe realizar otros trámites, se opera mediante un mandamiento:
4) Programación: aquí se analízale expediente para conocer y estudiar la causa. Se determinan las tareas que serán necesarias mínimamente realizar.
5) Solicitud del libramiento de mandamiento: Tenemos que tener una orden judicial, un mandamiento que va dirigido al oficial de justicia y que le diga que proceda a la intervención de tal empresa y que ponga en funciones al contador público que ha sido designado como, por ejemplo coadministrador, veedor, etc.
El oficial de justicia es quien hace saber a la empresa intervenida que el interventor podrá realizar tales medidas y que tiene tales funciones a su cargo.
Un interventor no se puede presentar solo ante la empresa a intervenir ya que es un tercero. Entonces va con un oficial de justicia y la orden judicial.
6) Confección del mandamiento: una vez que el juez dispuso que se libre mandamiento, lo redactamos y lo presentamos en mesa de entrada para que vaya a confronte. En el confronte se coteja que lo que este escrito corresponda con lo que dice el expediente.
El mandamiento es un medio de comunicación del juez, es una orden que debe cumplirse. Normalmente es preparado por quien hizo la petición de la medida de intervención judicial, sino la prepara el interventor mismo. En este se transcribe el auto en el que están fundadas las facultades que el juez le otorgó y sus obligaciones. Este escrito tiene que estar firmado por el juez.
Al confeccionar el mandamiento hay que tener en cuenta 3 alternativas:
 Que se autorice la habilitación de día y hora inhábil. La ley dice que hay que conservar el activo, y esto implica que habrá que hacer un relevamiento inventarial inicial. Para esto es necesario un oficial de justicia dependiente de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones del poder judicial (ajena al juzgado). Entonces para que no se demore la posesión del cargo, el contador debe ir con el mandamiento firmado por el juez y pedir turno al oficial de justicia. Aquí, si el mandamiento está otorgado con habilitación de día y hora inhábil, se tiene que hacer en forma inmediata y no hay necesidad de esperar turno al oficial de justicia de la zona.
Si no hubiera tenido esto en cuenta, a las 13:00 hs. El oficial de justicia se va y no puedo diligenciar la medida.
En el caso de no
 Que se autorice el allanamiento de domicilio. Esto es, que se pueda operar con un cerrajero. Puede darse el caso de que cuando vamos a diligenciar con el oficial de justicia nos encontramos con que el local está cerrado. La Constitución Nacional prevé la inviolabilidad del domicilio, salvo orden del juez. Así podremos diligenciar la medida sin problemas, sin romper puertas.
 Que se autorice la asistencia de la fuerza pública, en el caso de resistencia para que se guarde el orden.

7) Retiro del mandamiento de mesa de entrada: y asistencia a la oficina de mandamientos.
En la Oficina de Mandamientos y Notificaciones hay dos tipos de oficiales: El oficial notificador que se encarga de las cédulas y el oficial de justicia que se encarga de los mandamientos y órdenes judiciales. Hablamos con el oficial y acordamos día y hora par ir al lugar de la intervención; este horario debe ser conducente, por ejemplo, si la tarea es recaudar será en un horario adecuado.

8) Asistencia al lugar de la intervención el día y a la hora fijada: Conviene ir junto con el oficial. Nos presentamos ante el responsable de la empresa intervenida y el oficial de justicia hace la lectura del mandamiento, la orden que se le impartió, las medidas decretadas, las funciones del interventor y que va a proceder a poner en función al profesional interventor designado.
Con la toma de posesión del cargo puede ser que se deba hacer un relevamiento de inventario, por ejemplo si la tarea es conservar el activo. Se hace dicho inventario detallando los bienes y el estado o condición en la que se encuentra; es una pequeña descripción. Pero no es necesario valuarlos.
A continuación se labra un acta la cual es firmada por el interventor, las partes y el oficial de justicia; y se cierra el acto.
9) Puesta en funcionamiento: El interventor realiza su tarea. Puede ser que la termine en el día o no y seguir días posteriores. Hace estudios de los sistemas contables, de control de ingresos y egresos, de administración. Lleva adelante distintas medidas, como por ejemplo, se abre una chequera a nombre de la empresa pero con firma del interventor, comunicaciones con los proveedores para seguir operando, etc. Todo un aspecto operativo que permita el giro ordinario de la empresa a los fines de regularizar la situación.
Por supuesto que luego va informando al juez de todo lo que hizo.
 



Comentarios

Hay 1 comentario!

  1. Gustabo Lebon 11/12/2009 a las 7:48 am

    La pregunta es que sucede si la empresa una vez designado interventor recaudador, se niega a suministrar los datos necesarios alegando que el 10% a recaudar es exesivo y paralizaria el normal funcionamiento de la empresa.

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